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Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Regula cómo los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados pueden usar la firma electrónica para certificar sus actuaciones, en lugar de la firma manuscrita y el sello físico. Establece el uso de certificados electrónicos cualificados y la consignación del número de registro y el idioma del trabajo.

Establece qué actuaciones de los Tribunales Económico-Administrativos se pueden hacer de forma automática por medios electrónicos y cómo se firman con un código seguro de verificación (CSV). También fija qué órganos se encargan de definir, mantener y controlar esos sistemas y quién responde si se impugnan.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Establece en qué casos el Ministerio de Justicia usará el código seguro de verificación (CSV) como firma electrónica en actuaciones administrativas automatizadas, es decir, las realizadas por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Regula cómo se genera y verifica ese código y quién es responsable.

La Instrucción aclara que los avales que las agrupaciones de electores presentan para las elecciones municipales pueden recogerse mediante firma electrónica. El representante debe comunicar a la Junta Electoral el sistema de firma y verificación utilizado, con sello o marca de tiempo.

Establece que las personas que soliciten becas del Ministerio de Justicia para preparar oposiciones deben hacer todos los trámites por medios electrónicos: presentar la solicitud, aportar documentos y responder a requerimientos. Cada convocatoria indicará el medio electrónico, los sistemas de identificación y firma admitidos y cómo actuar ante fallos técnicos.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra varios artículos y una disposición adicional del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El conflicto afecta a los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y la disposición adicional novena de ese reglamento.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Modifica la Ley del Registro Civil para retrasar la entrada en vigor del nuevo modelo de registro único informatizado. También cambia el plazo de la Ley de Patrimonio Histórico Español sobre el Inventario de bienes.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.