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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 15 y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, que recogía medidas urgentes sanitarias, sociales y jurisdiccionales tras el estado de alarma. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, sobre protección del derecho a la vivienda ante la pandemia de COVID-19.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Modifica el régimen sancionador creado para castigar los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. También cambia el artículo 19 y añade un artículo 54 bis a la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios reales decretos del estado de alarma por la COVID-19. Declara nulos en parte los preceptos que restringían la libertad de circulación y los que permitían al ministro de Sanidad modificar medidas de contención. No admite el recurso sobre la orden ministerial de velatorios.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendido un punto concreto del artículo 38.2 de la Ley de salud de Galicia, en la redacción dada por la Ley 8/2021, y levanta la suspensión del resto de ese artículo. La suspensión inicial se había publicado en el BOE el 29 de abril de 2021.

Establece reglas especiales para conceder y tramitar ayudas públicas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y convocatorias propias. También modifica la Ley 5/2018 de vivienda y otras normas sobre viviendas desocupadas y fianzas de alquiler.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que modificaba la Ley del Centro Nacional de Inteligencia. El proceso se extingue porque el precepto impugnado ya había sido anulado por la sentencia 110/2021, de 13 de mayo.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que modificaba la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. La sentencia declara nulo ese precepto por no concurrir el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad exigido para los decretos-leyes.

Establece el régimen de infracciones y sanciones por incumplir las medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Regula la inspección, las actas, los tipos de infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.