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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del País Vasco contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores sobre competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026, de la Comunidad de Madrid, que la habilita para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley queda suspendida.

Habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de incendio forestal, desórdenes públicos en espectáculos y delitos contra el patrimonio cultural. Para ello modifica tres leyes autonómicas.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago, la justificación y los reintegros.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que cambia los bienes cedidos al País Vasco para la ejecución de la legislación penitenciaria. Se deja sin efecto el traspaso del inmueble del Centro Penitenciario de San Sebastián (calle Martutene, 1) y se traspasa el del nuevo Centro Penitenciario de Guipúzcoa-CP Norte III, en San Sebastián.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales. El real decreto fija la efectividad del traspaso y valora sus cargas financieras.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan estatal para controlar que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados usados en España se hayan obtenido legalmente. El plan desarrolla el Protocolo de Nagoya y el Reglamento (UE) n.º 511/2014.

El Pleno del Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 87, 88 y 89 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/1983 de la Comunidad de Madrid, añadidos por la Ley 8/2024. Esos preceptos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Baleares contra el Real Decreto-ley 2/2025, sobre medidas urgentes para la infancia y adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo presenta el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger a la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.