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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del «valor de referencia» del catastro para calcular la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Examina si ese sistema respeta el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al endeudarse para cumplir el principio de prudencia financiera.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Modifica la resolución de 2006 que regula la validación con código NRC de los avales presentados ante la Agencia Tributaria. Añade los avales que deben constituir ciertos depositantes de carburantes para garantizar el ingreso del IVA tras salir del régimen de depósito fiscal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito de aplicación ha perdido objeto y se remite a su doctrina previa sobre la constitucionalidad de la amnistía.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Modifica la composición del Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo para añadir a la persona titular de la Vicesecretaría General Técnica, con voz y voto. El Comité se encarga de prevenir el fraude en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, que trata la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado alega que el Gobierno no ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026, y cuestiona el uso de prórrogas presupuestarias en esos años.

Establece el procedimiento para presentar la autoliquidación y pagar por internet las tasas consulares (código 005) gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El pago telemático es voluntario y se hace con el modelo 790 a través de la sede electrónica del Ministerio.

Modifica el Real Decreto 1004/2010 para cambiar cómo la Corporación RTVE recibe los ingresos de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico. Ahora se toma el importe de las liquidaciones giradas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, menos anulaciones y devoluciones del mismo ejercicio, en lugar de la recaudación efectiva.