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El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) acuerdan cooperar en donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos. España aporta 320.000 euros a la OMS para mantener el programa de trasplantes y reforzar el acceso a esta terapia en los países miembros.

Estas enmiendas de 2022 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, actualizan varias reglas sobre contratación, repatriación, alojamiento, alimentación, atención médica y seguridad de la gente de mar. Incluyen medidas sobre acceso a Internet a bordo y en puertos, y sobre desembarco para atención médica.

Establece un acuerdo entre la OCDE y el Ministerio de Sanidad de España para participar en la encuesta PaRIS sobre resultados y experiencias de pacientes con enfermedades crónicas. Regula las actividades de las fases de ensayo y encuesta principal, como el diseño de la muestra, la formación de expertos y el análisis de datos.

El Consejo de Ministros prorroga dos medidas del Real Decreto-ley 38/2020 sobre la relación de España con el Reino Unido tras el Brexit. La asistencia sanitaria recogida en el artículo 11 se extiende hasta el 30 de junio de 2022 y el plazo sobre permisos de conducir británicos del artículo 15 hasta el 28 de febrero de 2022.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 dos medidas del Real Decreto-ley 38/2020 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea: la asistencia sanitaria a personas con derecho a ella en Gibraltar y el plazo para que los conductores con permiso británico sigan conduciendo en España.

Prorroga cuatro meses, hasta el 30 de octubre de 2021, varias medidas del Real Decreto-ley 38/2020 para adaptarse a que el Reino Unido es un país fuera de la Unión Europea. Entre ellas está la asistencia sanitaria a personas con derecho a ella en Gibraltar. También se prorrogan las medidas de los artículos 11 y 15 y de la disposición adicional tercera.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Crea subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con el fin de apoyarlas ante el aumento de demandas sociales por la crisis del COVID-19. Regula los gastos subvencionables, las entidades beneficiarias, el procedimiento de concesión y la cuantía y financiación.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

Modifica varias órdenes para flexibilizar restricciones nacionales tras el estado de alarma por COVID-19 y fija qué unidades territoriales pasan a la fase 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.