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Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

La orden dispone una segunda liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos por parte de los sujetos obligados. Se liberan seis días adicionales, unos 4,4 millones de barriles, solo de gasóleos y querosenos, en el marco de la acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.

Fija los precios de venta antes de impuestos del gas licuado del petróleo (GLP) por canalización desde el 20 de octubre de 2026. Incluye el término fijo y variable para usuarios finales y el precio a granel para empresas distribuidoras.

Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

Actualiza varios estándares de competencias profesionales del Catálogo Nacional en once familias profesionales, entre ellas Agraria, Energía y Agua, Edificación y Obra Civil, Química y Textil. Estos estándares son la referencia para diseñar y acreditar la formación profesional.

Concreta las ayudas al transporte ferroviario de mercancías previstas en dos reales decretos-leyes de 2026, para adaptarlas al marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea tras la crisis energética. Fija el periodo de referencia de costes y las situaciones en que no se puede cobrar la ayuda.

Modifica la Ley Foral 17/2020, que regula las actividades con incidencia ambiental, para ordenar la implantación de plantas de biometanización en explotaciones agroganaderas de Navarra. Establece un marco para estas instalaciones, que gestionan residuos y producen energía renovable.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Fija los precios de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de octubre de 2026. También delimita qué consumidores pueden acogerse a ella, entre ellos comunidades de propietarios y edificios públicos destinados a vivienda.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

El Convenio fija las condiciones para construir una nueva interconexión eléctrica de 220 kV entre Adrall (España) y la frontera de Andorra. Incluye la ampliación de la subestación de Adrall y regula la financiación, el impacto en la retribución de REE y la resolución de controversias.

Modifica el modelo 595 del Impuesto Especial sobre el Carbón para incluir la autoliquidación rectificativa. Con ella, quien presenta la declaración puede corregir, completar o modificar una declaración anterior sin esperar una resolución de la Administración. Se aplica a los periodos de liquidación que empiecen desde el 1 de enero de 2027.

Fija los valores del poder calorífico inferior de la hulla, el fuel oil, el diésel oil y el gasoil para el año 2025. Estos valores se usan para calcular la retribución por combustible de los grupos de generación eléctrica situados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola procedente de desalación y de pozos y galerías. También modifica el Real Decreto 1159/2020, que regula una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Mediante subastas se retribuye a instalaciones que aporten potencia firme y respaldo al sistema, para garantizar la seguridad de suministro ante la mayor presencia de renovables.