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La ley regula la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en La Rioja. Establece cómo integrar esa conservación en políticas como urbanismo, agricultura, energía o infraestructuras, y crea figuras de protección de espacios y especies. También fija vigilancia, infracciones y sanciones.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 5/2020 de Cataluña para elevar del 20% al 50% la parte de los ingresos del impuesto sobre instalaciones nucleares que se destina al Fondo de Transición Nuclear. También crea el órgano de gobierno de ese fondo.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Crea la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático, un organismo público de La Rioja. La ley fija sus fines, su organización interna, sus recursos económicos y los controles sobre su actividad.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a nuevos impuestos estatales y a cambios en el IVA del comercio electrónico. Incorpora al Convenio el reparto de competencias sobre estos tributos entre ambas administraciones.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

La ley establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética, cambios en la ley de propiedad horizontal y en la ley de suelo, y una línea de avales del Estado para financiar obras de rehabilitación.

Suspende la aplicación de las disposiciones adicionales décima y duodécima de la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja. La suspensión dura hasta que se apruebe una nueva directriz de suelo no urbanizable, con un máximo de seis meses. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2022.

Regula cómo los comercializadores de referencia deben enviar a la Comunidad de Madrid los datos de las personas beneficiarias del bono social eléctrico para gestionar y pagar el bono social térmico en su territorio. Incluye una previsión para el año 2022 y habilita su desarrollo normativo.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Modifica tributos propios y cedidos, como las tasas, el impuesto sobre viviendas vacías y el de residuos, y cambia normas en materias como turismo, servicios sociales, vivienda, sanidad, educación y agricultura.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.