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El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica el destino de los ingresos del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de la producción de energía eléctrica nuclear. Amplía el fondo nuclear a proyectos de reindustrialización, transición energética, vivienda, salud, educación y servicios sociales, y crea fondos de gestión forestal y de protección del sector pesquero.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

Modifica normas de urbanismo y de energías renovables para agilizar la construcción y explotación de instalaciones renovables y de almacenamiento en Cataluña, tras el apagón del 28 de abril de 2025. Prioriza estas instalaciones y su infraestructura conexa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de la Generalitat de Cataluña, que regula medidas tributarias y financieras urgentes. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. Concede directamente a la Comunidad Valenciana y a Cataluña las cantidades adicionales que solicitaron.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la Ley 5/2020 de Cataluña para elevar del 20% al 50% la parte de los ingresos del impuesto sobre instalaciones nucleares que se destina al Fondo de Transición Nuclear. También crea el órgano de gobierno de ese fondo.

Aprueba la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Cataluña para financiar actuaciones que faciliten el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado. La norma fija la cuantía, las actuaciones financiables, las obligaciones de la beneficiaria y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Amplía el presupuesto del programa de subvenciones para rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000). Asigna 22.542.500 euros más a cinco comunidades autónomas que lo solicitaron.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 30 millones de euros a Asturias y 25 millones a Cataluña, a petición de ambas comunidades.