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Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

Modifica la Ley Foral 17/2020, que regula las actividades con incidencia ambiental, para ordenar la implantación de plantas de biometanización en explotaciones agroganaderas de Navarra. Establece un marco para estas instalaciones, que gestionan residuos y producen energía renovable.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El recurso afecta a los artículos 15.1 f), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 (segundo párrafo), 16.9, 16.10, 16.11, 17, 18.1, 18.2, 21 y 29.

Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

Modifica el Real Decreto 451/2022 para adaptar las ayudas a estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias a los nuevos objetivos 119 y 120 del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad excepcional de extenderlo al 31 de julio de 2026.

La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.