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Modifica las bases reguladoras y las resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones para cursos de formación en capacitación digital y sostenibilidad en el transporte. Amplía seis meses el plazo para terminar las acciones formativas, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Establece las bases para conceder subvenciones destinadas a formación en competencias digitales, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Regula quién puede recibir las ayudas, cómo se solicitan, se valoran y se justifican, y cómo se controla el dinero.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», dirigidas a personas con discapacidad. El programa busca mejorar sus condiciones formativas y profesionales y su acceso al mercado laboral. Regula requisitos, solicitudes, cuantías, pago y justificación de las ayudas.

Establece procedimientos comunes para acreditar los niveles de competencia digital docente (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) del marco de referencia vigente. Las acreditaciones basadas en estos procedimientos se reconocen como equivalentes en todas las administraciones educativas.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que actualiza el marco de referencia de la competencia digital docente. Este marco fija áreas, competencias, niveles e indicadores sobre el uso de tecnologías digitales por parte del profesorado. Sustituye al marco aprobado en 2020.

Establece las bases para conceder becas y ayudas al personal militar y a los reservistas de especial disponibilidad. Estas ayudas sirven para que obtengan titulaciones del sistema educativo general, como formación profesional o certificados de profesionalidad.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que establece un marco de referencia común sobre la competencia digital del profesorado. Las administraciones educativas lo usarán para diseñar sus políticas de formación docente y reconocerán como equivalentes las certificaciones basadas en él.

Amplía dos meses el plazo para ejecutar los fondos de cuatro programas de Formación Profesional destinados a las comunidades autónomas, una vez termine el estado de alarma por el COVID-19. Añade tres meses más para justificar el uso de esos fondos.