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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de un decreto-ley aragonés que regulaba unidades de apoyo, la atribución temporal de funciones al personal y el disfrute de vacaciones. La inadmisión se debe a que el planteamiento del tribunal solicitante no estaba formulado correctamente.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, que fija los objetivos comunes de las políticas de activación para el empleo en toda España y en cada comunidad autónoma, junto con los indicadores para evaluar su cumplimiento. Se enmarca en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2022, que modifica normas sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y sobre el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, que fija los objetivos de las políticas de activación para el empleo en toda España y en cada comunidad autónoma, junto con los indicadores para evaluar su cumplimiento. Recoge los servicios y programas que aplicarán los servicios públicos de empleo.

Amplía hasta el 1 de junio de 2022 el plazo para solicitar los avales públicos a empresas y autónomos de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También modifica el Código de Buenas Prácticas de renegociación de deuda avalada para extender sus plazos y adaptar sus importes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 10 a 13 del Decreto-ley 4/2020 del Gobierno de Aragón, que regula medidas urgentes para la recuperación social y económica. Se cuestiona si esos artículos vulneran los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. El Plan detalla reformas e inversiones para 2021-2023 con fondos europeos Next Generation EU y se remite a la Comisión Europea.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que fija los objetivos de empleo en toda España y en cada comunidad autónoma y recoge los servicios y programas de los servicios públicos de empleo. El plan se reformuló para adaptarse a la pandemia de COVID-19.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 8.000 millones de euros. El Estado, a través del ICO, avala financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos para liquidez e inversiones. También amplía hasta el 1 de diciembre de 2020 el plazo para solicitar avales anteriores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado para préstamos a empresas y autónomos afectados por el COVID-19, para pagarés del MARF y para reavales de CERSA. Fija los importes de cada tramo y autoriza compromisos de gasto futuro.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha un segundo tramo de avales por 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Estos avales cubren la financiación que las entidades financieras concedan a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.