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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Regula cómo se reconocen como cotizados a la Seguridad Social los periodos en que una persona ejerció como ministro de culto de iglesias de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) antes de su integración en el Régimen General, el 1 de mayo de 1999. Fija la acreditación, la solicitud, los efectos sobre las pensiones y el ingreso de cuotas.

Fija la jornada de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas al año). Establece 37,5 horas semanales para quienes tienen dedicación especial y regula cómo se aprueban los calendarios laborales y los horarios.

Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

Modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, que recoge las patologías que permiten anticipar la jubilación a personas con discapacidad igual o superior al 45 %. El anexo pasa a ser una lista abierta, ampliable con nuevas patologías y sujeta a revisión periódica.

Regula la relación laboral especial de las personas artistas en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, y también del personal técnico o auxiliar que trabaja en esas actividades. Sustituye la normativa anterior de 1985 y fija reglas sobre contrato, duración, jornada, descansos, retribuciones y derechos.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija las nuevas cuantías mensuales de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears. La actualización se aplica a los distintos grupos y subgrupos profesionales y tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.

El Consejo de Ministros aprueba la segunda prórroga del Mecanismo RED para el sector de la fabricación de vehículos de motor. El mecanismo sigue activo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y permite a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensión de contratos.

Modifica el Reglamento General de Circulación para reforzar la protección de las personas usuarias vulnerables de la vía. Define por primera vez este concepto y regula la movilidad de peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal, el estacionamiento, las restricciones medioambientales y los caminos escolares seguros.

Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Intensiva. Incluye los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos que deben cumplir las unidades docentes para acreditarse.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para financiar actividades formativas en el «Espacio Valdeavellano». La subvención cubre gastos de funcionamiento de esas actividades, en colaboración con el INAP.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que gestiona la asistencia sanitaria y social del personal de la Administración de Justicia. Regula su estructura central y provincial, sus órganos de gobierno y participación, y su régimen económico, presupuestario, de contratación y de personal. También modifica el Reglamento del Mutualismo Judicial.

Modifica el Real Decreto 581/2017, que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales en España. El cambio afecta a los requisitos mínimos de formación para las profesiones de enfermería responsable de cuidados generales, odontología, farmacia y veterinaria.

Crea los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), títulos oficiales que acreditan el dominio de esta lengua en distintos niveles. Regula cómo se obtienen, quién los expide y qué efectos tienen, y modifica varias normas para encajar este sistema.

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Fija las bases, topes y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2026. Desarrolla las referencias del Real Decreto-ley 3/2026 mientras no se apruebe la Ley de Presupuestos. Incluye reglas para regímenes especiales, contratos a tiempo parcial y prácticas formativas.