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Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y Moguer (Huelva) para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías, el procedimiento de concesión, el pago, la justificación y el control.

Modifica el horario de la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Amplía la atención de lunes a viernes: de 9 a 17:30 entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, y de 8 a 15 entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», dirigidas a personas con discapacidad. El programa busca mejorar sus condiciones formativas y profesionales y su acceso al mercado laboral. Regula requisitos, solicitudes, cuantías, pago y justificación de las ayudas.

Publica un acuerdo del Consejo Territorial que fija criterios comunes de acreditación y calidad para los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Abarca residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, e incluye criterios sobre empleo, formación del personal y derechos de las personas atendidas.

Publica un protocolo de actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer para impulsar la eliminación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras. El protocolo es una declaración de intenciones sin obligaciones jurídicas exigibles.

Publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD sobre las bases comunes del Fondo para la lucha contra la privación material, incluido en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y la propuesta de reparto territorial. El fondo se gestiona mediante un programa único estatal con las comunidades y ciudades autónomas como organismos intermedios.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

Modifica de forma temporal los criterios comunes de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia. Permite que, si faltan profesionales titulados en la zona, otras personas con titulación distinta o con experiencia en cuidados puedan cubrir esos puestos. El régimen excepcional dura inicialmente tres meses y puede prorrogarse.