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Fija en 35.924,10 euros la renta de referencia para el año 2026, según lo previsto en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Esta cuantía se calcula conforme a la normativa de la Unión Europea y a los datos de salarios del Instituto Nacional de Estadística.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para intercambio de conocimientos, formación e información y servicios de asesoramiento al sector agroalimentario y forestal, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Ajusta definiciones, requisitos de los beneficiarios y permite solicitar asesoramiento de forma individual o agrupada. También modifica otras normas de desarrollo rural.

Establece las bases reguladoras de las ayudas para pescadores enrolados en buques pesqueros españoles que no puedan faenar por la paralización temporal de la actividad pesquera, acordada por medidas de urgencia de la Unión Europea. Regula quién puede recibirlas, los requisitos, la cuantía y el procedimiento de solicitud y pago.

Modifica la normativa de ordenación de la flota pesquera y la de títulos profesionales del sector. Aclara qué buques forman parte del Registro General de la Flota Pesquera y ajusta los procedimientos de gestión de capacidad de los buques.

Modifica dos órdenes sobre pesca: adapta la regulación del palangre de superficie para capturar especies altamente migratorias y cambia el desarrollo del título de Patrón Costero Polivalente. Con ello ajusta la normativa pesquera a los cambios del Real Decreto 1044/2022 sobre ordenación de la flota.

Establece las bases para dar ayudas a los buques de arrastre de fondo del Mediterráneo que compren copos nuevos (la parte final de la red) con mallas de 45 mm para pesca de costera y 50 mm para pesca de profundidad. También convoca estas ayudas para 2025.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para programas plurirregionales de formación dirigidos a profesionales del medio rural. Los cambios afectan sobre todo a la aplicación de las ayudas de minimis y a la justificación del gasto por módulos.

Fija la renta de referencia para el año 2025 en 34.624,51 euros, conforme a la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Esta cuantía se determina según la normativa de la Unión Europea y los datos de salarios del Instituto Nacional de Estadística. La orden tiene efectos desde el 1 de enero de 2025.

Modifica la normativa sobre títulos profesionales del sector pesquero para que los titulados de máquinas puedan seguir trabajando en su buque cuando una regularización de la flota aumente la potencia autorizada sin aumentar la potencia real. También ajusta la formación de los mecánicos navales.

Establece las bases reguladoras de las subvenciones para intercambio de conocimientos, formación, información y servicios de asesoramiento dirigidas al sector agroalimentario y forestal. Se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 y fijan beneficiarios, gastos subvencionables, procedimiento de concesión y control.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para inversiones en bioseguridad en centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y en viveros. Amplía los plazos para conceder las subvenciones y para iniciar las inversiones.

Fija en 34.049,72 euros la renta de referencia para el año 2024, conforme a la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias. La orden tiene efectos desde el 1 de enero de 2024.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Programa CULTIVA, que financia estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Amplía la edad admitida, flexibiliza los requisitos de participación y ajusta los criterios de valoración de solicitudes.

Modifica la norma que regula los títulos profesionales del sector pesquero para añadir una disposición adicional. Esta disposición amplía de forma temporal las atribuciones de los títulos menores de pesca en dos pesquerías: bonito del norte y túnidos en Canarias.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para programas de formación dirigidos a profesionales del medio rural. Cambia los criterios de valoración de las ayudas, el sistema para justificar los gastos y añade penalizaciones por incumplimiento.