Real Decreto 206/2023, de 28 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.

El Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural, tiene como finalidad mejorar la capacitación profesional del sector agroalimentario y del mundo rural, atendiendo especialmente a los jóvenes que van a incorporarse al sector y con una perspectiva de género, de manera que les permita afrontar las propuestas de innovación y tecnificación y mejorar la eficiencia y competitividad de sus empresas.

A través de la experiencia adquirida en la tramitación y gestión de estas subvenciones, en las sucesivas convocatorias llevadas a cabo desde su puesta en práctica, se ha considerado necesario mejorar tanto los mecanismos de gestión de las ayudas como la concreción de la norma, con el objeto de una mayor seguridad jurídica en el otorgamiento y control de las ayudas.

Esta modificación del Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, cambia los criterios de valoración para la concesión de las ayudas, introduciendo nuevos parámetros objetivos y verificables con los medios disponibles.

Así mismo modifica el sistema de justificación del gasto e introduce un sistema de penalizaciones dirigido a cumplir el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos recogido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para ello se introducen tres tipos de penalizaciones, en función de las características del incumplimiento con el fin de incentivar el uso más eficiente de los recursos públicos y evitar la inejecución de los fondos dispuestos para este fin.

La primera va dirigida a promover una adecuada planificación del programa, evitando que las entidades beneficiarias soliciten cantidades muy por encima de las intenciones o sus capacidades reales. Se garantiza así una ejecución eficiente de los fondos públicos.

La segunda va dirigida a promover que las entidades beneficiarias velen por que las acciones formativas que motiven la solicitud de pago de la ayuda sean conformes a la norma, evitando que el importe de la solicitud de pago difiera en gran medida del importe verificado por la administración y conforme tras la realización de los controles.

La tercera va dirigida a garantizar que el programa finalmente ejecutado sigue cumpliendo los requisitos que motivaron la concesión de la ayuda.

Por otro lado, se efectúan determinadas modificaciones de tipo técnico, tales como la concreción del modo en que las entidades que presten materialmente el servicio deben relacionarse con las perceptoras de las ayudas. Asimismo, estas modificaciones responden a la necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia en la ejecución de los fondos públicos destinados a esta línea de ayudas, mejorar la calidad de las acciones formativas subvencionadas, y reducir la carga administrativa de su gestión.