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La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba nuevas guías para aplicar los programas de mejora de la calidad en la Administración General del Estado: análisis de la demanda, cartas de servicios, quejas y sugerencias, evaluación de la calidad y reconocimiento. Sustituye las directrices de 2006 y actualiza el órgano competente y los enlaces web.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas (monedas distintas del euro). Establece los procedimientos según si la obligación se contrajo en euros o en divisas, la información sobre los pagos y los reintegros al Tesoro Público.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Establece los criterios y el procedimiento para repartir, aplicar y gestionar los fondos que financian planes de formación para empleados públicos de la Administración General del Estado. Fija un régimen de concurrencia competitiva abierto a entidades de formación acreditadas o inscritas.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Añade la obligación de indicar en las propuestas de pago si los derechos de cobro son embargables o no, y aclara qué órganos pueden expedir propuestas de mandamiento de pago. También actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Actualiza el Real Decreto 425/2016, que fija cómo se conceden estas ayudas a las primas de seguros agrarios.

Modifica la norma que regula el programa de reconocimiento de la calidad en la Administración General del Estado. Amplía de una a tres convocatorias la posibilidad de presentarse directamente al Premio a la Excelencia en la Gestión Pública para organizaciones que ya tienen una certificación vigente.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.