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Modifica el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales para adaptarlo al Derecho de la Unión Europea. Suprime los aranceles mínimos obligatorios y establece un sistema de aranceles máximos. Permite que el procurador y su cliente pacten una retribución inferior.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2020, que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestan servicios esenciales. El permiso busca reducir la movilidad de la población durante la lucha contra el COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.