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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Crea un procedimiento para comprobar si los campings de Cataluña situados en zonas con riesgo de inundación son viables y seguros para las personas. Regula dos comisiones (Técnica y de Gobierno) que tramitan, proponen y resuelven cada caso, y prevé medidas provisionales y de seguimiento.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda y movilizar viviendas vacías. También cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, barrios y equipamientos comerciales.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley catalán 3/2023, que somete el uso turístico de viviendas a licencia previa y a la previsión en el planeamiento urbanístico en determinados municipios. La sentencia examina si concurre el presupuesto de urgencia y si se respetan los límites materiales de los decretos-leyes.

Modifica la Ley 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, para actualizar su régimen especial. La norma cambia el articulado de esa ley y fija cuándo entra en vigor.

Establece medidas urgentes para contener los precios del alquiler de viviendas en Cataluña. Regula el régimen de contención de rentas en los contratos de arrendamiento, con un articulado que desarrolla esta materia y una disposición transitoria para situaciones existentes.

Suprime la reducción del tipo impositivo del 10 % aplicable a los casinos de juego vinculada al centro recreativo turístico de Vila-seca i Salou. También elimina los artículos 11, 17 y 18 de la Ley 6/2014 y la disposición adicional tercera de la Ley 15/1984, del juego.

Regula las autorizaciones de endeudamiento y avales de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2025 y se prorrogan los de 2023. También fija el incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas que piden prestaciones sociales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de la Generalitat de Cataluña, que regula medidas tributarias y financieras urgentes. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

Crea el Fondo Agrario y Ganadero de Cataluña para financiar ayudas al sector agrario y ganadero. Regula su dotación, los beneficiarios y las ayudas para mejorar la competitividad, mitigar el cambio climático, modernizar regadíos y favorecer el relevo generacional.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 15/2021, que creó el fondo complementario de riesgos de la Generalitat. La extinción se debe a que la norma autonómica ya había sido anulada por la sentencia 121/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña, que creó un fondo complementario de riesgos. La sentencia anula esa norma autonómica porque no se justificó la extraordinaria y urgente necesidad que exige el uso del decreto-ley.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Modifica el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía en Cataluña y su régimen sancionador para hacer frente a la sequía. Incluye medidas sobre sanciones a entes locales y limitaciones de consumo en alojamientos turísticos.