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El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

Aprueba la Ordenanza de seguridad y control en la zona de servicio del Puerto de Gijón. Regula los accesos, la circulación de vehículos y peatones, el control de actividades, la prevención de riesgos laborales, las emergencias y las infracciones y sanciones. Sustituye a la ordenanza anterior de 2020.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de inversión que adapten físicamente la infraestructura portuaria nacional en puertos de interés general. Estas ayudas se destinan al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas en España, dentro del Programa PORT-EOLMAR y del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras deroga el pliego anterior del servicio portuario de remolque y aprueba uno nuevo. El pliego regula las licencias, el acceso, las condiciones de prestación, la calidad, las tarifas y el régimen económico del remolque de buques en el puerto.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Actualiza las tarifas máximas del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de Gijón para 2025. La subida aplica un porcentaje del 2,3908 por 100 por variación de costes y modifica la tabla de precios según el tamaño del buque.

La Autoridad Portuaria de Gijón actualiza las tarifas máximas del servicio portuario de practicaje para 2025, con un incremento del 2,097 % por variación de costes. También corrige errores en los tramos de tamaño de buque que definen las tarifas T+2, T+1, T0 y T-1.

La Autoridad Portuaria de Gijón actualiza las tarifas máximas del servicio portuario de remolque para 2025. La subida aplica un porcentaje del 1,5281 por 100 por variación de costes y modifica el apartado 2.a) de la prescripción 19.ª del pliego.

Actualiza las tarifas máximas del servicio de practicaje del Puerto de A Coruña, que presta un único operador. Fija precios según el tamaño del buque y el tipo (pasaje, comercial o tanque), y añade recargos y reducciones por retrasos o cancelaciones.

Aprueba el pliego que regula las licencias y la prestación del servicio portuario de remolque de buques en el Puerto de Huelva. El pliego fija requisitos de acceso, medios mínimos, calidad, obligaciones y tarifas del servicio.