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Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

Establece las normas para calcular los costes admisibles y fijar los precios de los contratos, acuerdos técnicos y otros negocios onerosos de obtención de recursos del Ministerio de Defensa cuando la concurrencia de ofertas es restringida. Sustituye a la Orden 283/1998, de 15 de octubre.

Modifica la Ley 11/2023 de contratación pública de Aragón para reforzar el uso de la contratación como herramienta de políticas públicas sociales, medioambientales y de innovación. Incluye reglas transitorias para expedientes ya iniciados y fija su entrada en vigor.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Modifica la redacción de la Orden que crea la Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aclara qué contratos quedan excluidos de la Junta: los adjudicados por procedimiento abierto simplificado cuando se tramiten según el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Modifica el Decreto-ley Foral 1/2022 de Navarra para ampliar la revisión excepcional de precios a contratos públicos de obras de menos de doce meses, con un mínimo de cuatro meses. También aclara la redacción de algunos puntos.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Aragón contra varios artículos de la Ley de contratos del sector público. Declara nulos algunos preceptos estatales sobre el órgano que resuelve el recurso especial en contratación y sobre el perfil del contratante de las entidades locales, y fija la interpretación de otros conforme a la Constitución.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.