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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley Foral de presupuestos de Navarra de 2023 que modificaban la ley foral de contratos públicos. Anula en parte el precepto navarro que ampliaba la reserva de contratos a entidades no previstas en la legislación básica estatal y declara extinguido en parte el recurso por pérdida de objeto.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

La ley regula la accesibilidad universal en la Comunitat Valenciana. Establece medidas contra la discriminación, competencias de las administraciones y requisitos de accesibilidad en comunicaciones, espacios públicos, transporte, empleo, justicia y emergencias. También crea planes de accesibilidad y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de medidas fiscales y administrativas de La Rioja para 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

Establece las normas para calcular los costes admisibles y fijar los precios de los contratos, acuerdos técnicos y otros negocios onerosos de obtención de recursos del Ministerio de Defensa cuando la concurrencia de ofertas es restringida. Sustituye a la Orden 283/1998, de 15 de octubre.

Modifica la Ley 11/2023 de contratación pública de Aragón para reforzar el uso de la contratación como herramienta de políticas públicas sociales, medioambientales y de innovación. Incluye reglas transitorias para expedientes ya iniciados y fija su entrada en vigor.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Modifica la redacción de la Orden que crea la Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aclara qué contratos quedan excluidos de la Junta: los adjudicados por procedimiento abierto simplificado cuando se tramiten según el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Modifica el Decreto-ley Foral 1/2022 de Navarra para ampliar la revisión excepcional de precios a contratos públicos de obras de menos de doce meses, con un mínimo de cuatro meses. También aclara la redacción de algunos puntos.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra, que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos. Se impugnan las nuevas letras l) y m) del artículo 7.1 y una nueva disposición adicional vigesimoprimera.