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Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar la Oficina Técnica que apoya a la Red Española de Ciudades Inteligentes. Establece el procedimiento, la cuantía, el pago, la justificación y el posible reintegro de esa ayuda.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica las bases de las subvenciones para la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales. Amplía el periodo de ejecución de los proyectos hasta el 30 de junio de 2024 y actualiza la normativa aplicable sobre conflicto de interés en la gestión de fondos europeos.

Establece las bases para conceder subvenciones destinadas a formación en competencias digitales, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Regula quién puede recibir las ayudas, cómo se solicitan, se valoran y se justifican, y cómo se controla el dinero.

Habilita el sistema para que los ayuntamientos y otras entidades locales soliciten por vía electrónica al Estado la compensación por las cuotas del IBI que dejan de cobrar por la exención reconocida a los centros docentes con concierto educativo.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos que desplieguen plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Además, abre la convocatoria anticipada de ayudas para el año 2024, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.