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Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Modifica el real decreto que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Adapta estos registros a la Ley Orgánica 4/2024, que traspone una directiva europea sobre intercambio de antecedentes penales. Incluye la creación de un Registro Central de Menores.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación en justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.