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Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual fija la tarifa general que deben pagar los operadores de radio de difusión inalámbrica por comunicar y reproducir fonogramas comerciales gestionados por AGEDI-AIE. La tarifa se calcula por trimestre y por uso efectivo, con una fórmula basada en los ingresos de explotación y dos coeficientes.

Aprueba las tarifas que la Secretaría General de Administración Digital pagará a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por servicios técnicos y de seguridad en la gestión del registro de eventos de las notificaciones electrónicas y la dirección electrónica habilitada.

La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual fija la tarifa general que los operadores de televisión en abierto deben pagar a VEGAP por comunicar y reproducir contenidos visuales de su repertorio. La tarifa es el 0,0199 % de los ingresos de explotación de la actividad televisiva, con una reducción del 10 % para ciertos operadores.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Fija la tarifa general que los proveedores de televisión de pago deben pagar a la entidad de gestión VEGAP por comunicar y reproducir contenidos visuales de artistas plásticos incluidos en obras y grabaciones audiovisuales. La tarifa se calcula por abonado y año, con dos niveles según el tipo de operador.

Establece las obligaciones de servicio público que debe cumplir Correos en las elecciones que se convoquen durante 2024. Incluye el voto por correo de residentes en España y en el extranjero, envíos de la Oficina del Censo Electoral, recogida de documentación en las mesas y propaganda electoral.

Modifica dos leyes autonómicas para impulsar la economía del dato en Asturias. Amplía el objeto social del gestor de infraestructuras de telecomunicaciones Gitpa a nuevas tecnologías y regula el uso del dominio público viario para instalar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2022, que aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía, reducir el consumo de gas natural, regular las retribuciones del personal del sector público y proteger a las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.