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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula que el Instituto Social de la Marina tramite de forma automatizada, con medios electrónicos y sin intervención directa de empleados públicos, ciertos actos en procedimientos de prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Incluye jubilación contributiva, muerte y supervivencia, incapacidad permanente, nacimiento y cuidado de menor, incapacidad temporal y otras prestaciones relacionadas.

Establece el procedimiento para que la Agencia Tributaria embargue telemáticamente dinero en cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago, como las entidades que gestionan monederos o pagos electrónicos. Regula cómo se envían las órdenes de embargo, cómo se retiene el dinero y cómo se comunican los resultados.

Modifica la norma que regula las notificaciones y comunicaciones electrónicas en la Administración de la Seguridad Social. Actualiza el marco de relación electrónica obligatoria con la Seguridad Social conforme a la Ley 39/2015 y al Reglamento de actuación por medios electrónicos.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Establece el procedimiento para pagar por internet la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico (modelo 990). Sustituye a la resolución de 2023 y permite usar las nuevas modalidades de pago de la Agencia Tributaria, como tarjeta y transferencia bancaria instantánea.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica el Real Decreto 988/2021 para adaptar las ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla que refuerzan la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos. Reduce el número mínimo de actuaciones y actualiza el calendario y la justificación de las ayudas.

Modifica el Real Decreto 989/2021 para reducir de 125.000 a 5.000 los bonos digitales del programa UNICO-Bono social dirigido a colectivos vulnerables. También ajusta el calendario y simplifica la forma de justificar las ayudas por parte de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla.

Modifica el Real Decreto 990/2021 para adaptar el programa de ayudas UNICO-Edificios a la Adenda del Plan de Recuperación. Fija un nuevo número mínimo de actuaciones por comunidad y ciudad autónoma y regula el reintegro de subvenciones sin intereses de demora.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.