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Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Modifica la norma que crea la sede electrónica de la Agencia Tributaria para crear una sede electrónica asociada, la Oficina Virtual del Personal. Este canal sirve para que el personal de la Agencia Tributaria acceda a información y servicios de recursos humanos y reciba notificaciones electrónicas.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Programa «Generación Digital Pymes», que financia formación en competencias digitales para personas de equipos directivos y personas empleadas de pequeñas y medianas empresas. Las ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las gestiona la Fundación EOI.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Modifica las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos piloto de comunidades energéticas (Programa CE Implementa). Cambia el artículo 20 para que la solicitud de modificación de la resolución de concesión pueda presentarse antes de que termine el plazo de ejecución del proyecto.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Modifica las bases reguladoras del Programa Kit Digital para incluir a las medianas empresas como nuevas beneficiarias de las ayudas. También ajusta el artículo 29.3 sobre el derecho al cobro del bono digital y fija la entrada en vigor.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos entre empresas. Ajusta los requisitos de los beneficiarios para alinearlos con el Reglamento europeo de ayudas de Estado y suprime un criterio de selección basado en el domicilio fiscal.

Determina qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada mediante sello electrónico, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales y qué dirección provincial resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional de Seguridad Social.