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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica el Real Decreto 988/2021 para adaptar las ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla que refuerzan la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos. Reduce el número mínimo de actuaciones y actualiza el calendario y la justificación de las ayudas.

Modifica el Real Decreto 989/2021 para reducir de 125.000 a 5.000 los bonos digitales del programa UNICO-Bono social dirigido a colectivos vulnerables. También ajusta el calendario y simplifica la forma de justificar las ayudas por parte de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla.

Modifica el Real Decreto 990/2021 para adaptar el programa de ayudas UNICO-Edificios a la Adenda del Plan de Recuperación. Fija un nuevo número mínimo de actuaciones por comunidad y ciudad autónoma y regula el reintegro de subvenciones sin intereses de demora.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas del Programa único demanda rural para llevar banda ancha de al menos 100 Mbps a zonas rurales remotas sin cobertura suficiente. Actualiza las anualidades de las ayudas y fija la entrada en vigor de los cambios.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Establece cómo funciona la Lista de Confianza de Espacios de Datos: qué espacios pueden inscribirse, qué información se publica de cada uno, el formulario de solicitud, los criterios de evaluación y un correo oficial de contacto. También inscribe de oficio el Espacio Nacional de Datos de Salud.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para intercambio de conocimientos, formación e información y servicios de asesoramiento al sector agroalimentario y forestal, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Ajusta definiciones, requisitos de los beneficiarios y permite solicitar asesoramiento de forma individual o agrupada. También modifica otras normas de desarrollo rural.

Establece cómo presentar y pagar por vía electrónica la tasa por la concesión de autorizaciones administrativas singulares en el ámbito postal. El pago se hace antes de que se conceda la autorización, usando el modelo 790 con código 108.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.