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Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. Este registro inscribe los alias (nombres cortos) que empresas y Administraciones usan para enviar mensajes SMS/MMS/RCS. La circular fija el procedimiento y los plazos de inscripción.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. El cambio busca facilitar que los titulares de alias puedan actuar ante el registro sin depender de un certificado digital, tras superarse las 75.000 solicitudes en dos meses.

Retrasa la fecha en la que los operadores deben empezar a bloquear los mensajes SMS/MMS/RCS que usen un alias (nombre remitente) no inscrito en el Registro de Alias de la CNMC. La obligación estaba prevista para el 7 de junio de 2026 y se aplaza para permitir terminar la carga de alias en uso.

Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Modifica varias circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adaptarlas al Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Establece cómo los proveedores de servicios de criptoactivos deben remitir información a la CNMV para su supervisión.

La Agencia Tributaria aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025. Estas directrices fijan las líneas de información, asistencia, prevención, investigación y control del fraude para ese año.

Establece medidas para frenar las estafas de suplantación de identidad por llamadas y mensajes de texto. Incluye el bloqueo de comunicaciones con numeración no asignada o con origen internacional que simula números nacionales, y regula la identificación de los números usados en atención al cliente y llamadas comerciales.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Modifica la orden que creó el Comité Antifraude del antiguo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para adaptar su composición a la nueva estructura ministerial. El comité pasa a depender del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Aprueba el modelo 239 para declarar a la Administración tributaria determinados mecanismos de planificación fiscal incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre intercambio automático de información. También fija quién debe presentarlo, su contenido, plazo y forma de envío electrónico, y modifica la orden que regula los modelos 234, 235 y 236.

Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y fija su objeto, composición, funciones y forma de funcionar. El comité vigila el uso de los fondos del Plan de Recuperación y se ocupa de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.