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Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Establece cómo se inscriben en el censo electoral los residentes en España nacionales de países con acuerdo para las elecciones municipales. Fija los datos de las comunicaciones, las vías de solicitud (postal, telemática o presencial en el ayuntamiento), el plazo y el modelo de solicitud.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Establece cómo autoliquidar y pagar por internet la tasa 038, por la expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros. Se aplica a los trámites de residencia por movilidad internacional que resuelve la Dirección General de Migraciones.

Modifica los controles sanitarios en los puntos de entrada a España para aceptar certificados de recuperación de COVID-19 basados en test rápidos de antígeno, además de las pruebas NAAT. También se aceptan certificados de recuperación emitidos por terceros países fuera de la regulación de la Unión Europea.

Modifica los controles sanitarios en los puntos de entrada a España. A los viajeros de países de alto riesgo se les exigirá, además de una prueba diagnóstica negativa, el certificado de vacunación o de recuperación de la COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.