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Establece la organización de la Administración de Extremadura para gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza y coordinación, y fija reglas especiales de personal, administración digital, presupuesto, subvenciones, contratación y evaluación ambiental para ejecutar esos fondos.

Modifica la Ley Foral del IVA de Navarra para aplicar las mismas normas que en el resto del Estado sobre el IVA del comercio electrónico y las ventas a distancia. Regula dónde se paga el impuesto, las obligaciones formales y el derecho a deducir cuotas en estas operaciones.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Establece las condiciones del sexto tramo de la línea de avales públicos para financiar inversiones de empresas y autónomos. El tramo asciende a 15.000 millones de euros y el Estado avala la financiación que conceden las entidades financieras.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. El Plan detalla reformas e inversiones para 2021-2023 con fondos europeos Next Generation EU y se remite a la Comisión Europea.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial frente a la pandemia de la COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020 para ajustar las medidas extraordinarias sobre el funcionamiento de asociaciones, fundaciones y juntas de propietarios tras el fin del estado de alarma. Regula el cómputo de plazos para reunir sus órganos y adoptar acuerdos.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León para cambiar la regulación del servicio de teleasistencia que prestan las entidades locales. Establece un régimen transitorio para ese servicio y deroga las normas anteriores que se opongan.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.