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Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Telefónica de España contra la disposición adicional segunda del Real Decreto 1517/2018, que modificaba el reglamento de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. La Sala declara nula esa disposición por no ser conforme a derecho y ordena publicar el fallo en el BOE.

Establece las condiciones que deben cumplir las aplicaciones informáticas y los formularios electrónicos para que los usuarios de servicios públicos de transporte regular de viajeros presenten reclamaciones. Fija requisitos técnicos de firma digital, sello de tiempo, formato PDF y envío de datos al Ministerio, y clasifica las reclamaciones por criterios.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

Establece las normas que debe cumplir la publicidad de productos y servicios bancarios para ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Regula cómo las entidades controlan su propia publicidad y cómo el Banco de España la supervisa.

Crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta oficina ayuda a los ciudadanos a usar medios electrónicos y digitaliza los documentos presentados en papel. Depende de la Secretaría General Técnica.

Actualiza la sede electrónica de ENAIRE: cambia su dirección electrónica a https://enaire.sede.gob.es, asigna la gestión de los contenidos comunes a la Dirección de Desarrollo Empresarial y fija los canales de acceso electrónico, presencial y telefónico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2020, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra y las fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y las estimaciones de ingresos, y regula las modificaciones de crédito, el gasto de personal, el endeudamiento y la gestión presupuestaria.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Regula el control metrológico del Estado sobre determinados instrumentos de medida, como básculas, contadores de agua, gas y electricidad, taxímetros y medidores de emisiones. Establece las fases de evaluación de la conformidad, verificación tras reparación y verificación periódica, y fija los exámenes, ensayos y errores máximos permitidos.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, que buscaba acelerar la transformación del modelo económico regional para generar empleo estable. Anula parcialmente preceptos sobre el incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y sobre normas transitorias de planeamiento ambiental, e interpreta otros conforme a la Constitución.