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Modifica las bases de las ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos. Cambia la fecha límite de ejecución de los proyectos: pasan a tener que estar terminados antes del cumplimiento del objetivo CID 180, fijado el 30 de junio de 2026.

Modifica las bases reguladoras del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, dentro del Plan de Recuperación. Adapta el texto a cambios normativos y de estructura ministerial, corrige errores y ajusta qué órganos tramitan y resuelven las ayudas.

Modifica las bases reguladoras y las resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones para cursos de formación en capacitación digital y sostenibilidad en el transporte. Amplía seis meses el plazo para terminar las acciones formativas, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos entre empresas. Ajusta los requisitos de los beneficiarios para alinearlos con el Reglamento europeo de ayudas de Estado y suprime un criterio de selección basado en el domicilio fiscal.

Aprueba las bases reguladoras y abre la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de Espacios de Compartición de Datos en sectores productivos estratégicos. Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

Modifica la convocatoria de 2021 de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Aclara cómo se acredita el compromiso de implantar una zona de bajas emisiones y cuándo ese retraso no obliga a devolver la ayuda.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

Modifica la convocatoria de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Cambia el régimen de penalizaciones por retrasos y permite recuperar la parte reducida si se completan las actuaciones.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas destinadas a cursos de formación en capacitación digital y sostenibilidad en el sector del transporte y la movilidad. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Modifica las bases del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital para permitir mover crédito no solo entre medidas de una misma línea de actuación, sino también entre líneas de actuación distintas del programa. El objetivo es reasignar remanentes a las líneas con más demanda.

Modifica tres órdenes de subvenciones del Ministerio de Transportes para el Plan de Recuperación: corrige referencias normativas sobre publicidad, elimina apartados y enmienda errores en artículos de las bases reguladoras.

Aprueba las bases reguladoras y la primera convocatoria de 2022 de un programa de subvenciones para proyectos de transporte sostenible y digital, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las ayudas se conceden en concurrencia competitiva.

Modifica la convocatoria de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Amplía el plazo para certificar el inicio de las licitaciones hasta el 15 de junio de 2022 y fija una penalización por retraso.

Establece las bases para dar ayudas a los municipios que implanten zonas de bajas emisiones y modernicen digitalmente el transporte urbano. También aprueba la convocatoria de estas ayudas para 2021, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. El Plan detalla reformas e inversiones para 2021-2023 con fondos europeos Next Generation EU y se remite a la Comisión Europea.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.