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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que añadió al Código Penal el artículo 172 quater, que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales sanitarios de esos centros. La sentencia analiza si esa norma respeta el principio de legalidad penal y las libertades ideológicas y de expresión.

Modifica el artículo 8 de la Ley 21/2000 de Cataluña, que regula cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas. Cambia los requisitos para otorgarlo, de modo que no sea necesario ir ante notario ni reunir tres testigos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, que modificó el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. También castiga el acoso a los trabajadores sanitarios de esos centros. El tribunal puede prohibir al autor acercarse a determinados lugares.

Adopta medidas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Amplía créditos al Fondo de Contingencia para gastos derivados de la COVID-19 y ajusta el sistema de pago de la atención sanitaria pública. También incluye medidas tributarias y cambios en la estructura de la Administración de la Generalidad.

Modifica la lista de centros, servicios y establecimientos sanitarios considerados servicios esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19. La nueva lista excluye a los centros de reconocimiento. Incluye hospitales, consultas, centros de atención primaria, farmacias, ópticas y ortopedias, entre otros.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.

Determina qué centros, servicios y establecimientos sanitarios se consideran esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19 y cuáles no, y regula el permiso retribuido de su personal. Los esenciales deben mantener su actividad.

Establece medidas organizativas en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis del COVID-19. Clasifica a los residentes según síntomas y contacto, regula el aislamiento, la asignación del personal y la limpieza de las zonas de riesgo.