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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modifica varias leyes para afrontar la emergencia en vivienda. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Modifica la Ley del Síndic de Greuges para que su mandato dure seis años en lugar de nueve. El síndico o síndica no puede ser reelegido.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra el artículo 4 del Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 50/2020, sobre viviendas con protección oficial y nuevas modalidades de alquiler.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, sobre protección del derecho a la vivienda ante la pandemia de COVID-19.

Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Declara que algunos preceptos son conformes a la Constitución si se interpretan de una determinada manera. Los preceptos afectan a los cacheos, al uso de imágenes de agentes, a la ocupación de inmuebles y al rechazo en frontera de Ceuta y Melilla.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en Cataluña. Fija en qué ámbitos se aplica (trabajo, educación, salud, vivienda, cultura, deporte, entre otros) y crea un organismo para proteger y promover ese derecho. También establece infracciones y sanciones.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Modifica varias leyes de vivienda de Cataluña para impulsar la promoción de vivienda con protección oficial y regular nuevas modalidades de alojamiento en alquiler. Cambia el Decreto-ley 17/2019, la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, la Ley de urbanismo y la Ley 11/2020 de contención de rentas.

Deja sin efecto la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero de 2021, por la crisis sanitaria de la COVID-19. La norma fija los efectos de esa decisión y su entrada en vigor.

La ley regula la actuación de los poderes públicos de Cataluña ante la desaparición forzada de menores. Reconoce derechos a las víctimas, como el derecho a la verdad, a la tutela judicial y a la reparación. Crea una oficina de atención a las víctimas y bases de datos de afectados y de identificadores de ADN.

Establece ayudas económicas urgentes para las entidades del tercer sector social de Cataluña, con el fin de afrontar el aumento de gastos causado por la pandemia de COVID-19. Regula quién puede recibirlas, los requisitos, la solicitud, la cuantía y la financiación.