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Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística. El auto confirma la suspensión de inscribir en el censo electoral de residentes ausentes a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Regula la expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y digital. Establece los derechos y obligaciones de las personas titulares, la tramitación, validez, renovación y el tratamiento de datos personales. Adapta el DNI al Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de los documentos de identidad.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Fija directrices para tramitar la opción a la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática. Detalla quiénes pueden solicitarla, qué documentos presentar y ante qué oficina del Registro Civil hacerlo. El plazo para formalizar la declaración es de dos años, prorrogable uno más.

España y Francia acuerdan que sus nacionales puedan adquirir la nacionalidad del otro país sin perder la de origen. También pueden acogerse quienes ya la habían perdido por adquirir la otra. El convenio entró en vigor el 1 de abril de 2022.

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.