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Modifica dos órdenes anteriores sobre el transporte durante la desescalada del COVID-19. Actualiza las instrucciones para usar mascarillas en los medios de transporte y las medidas sobre navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma.

Establece la obligación de usar mascarilla durante la crisis sanitaria del COVID-19. Fija quiénes deben llevarla y en qué espacios es obligatorio. Indica también el régimen de recursos y su vigencia.

Permite que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorice la fabricación de antisépticos para piel sana con digluconato de clorhexidina comprado a proveedores que no están en la lista de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. La sustancia debe cumplir las especificaciones de la Farmacopea Europea.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.

Establece medidas especiales para fabricar y usar productos sanitarios necesarios frente al COVID-19. Permite licencias excepcionales de funcionamiento de instalaciones y autorizaciones para usar productos sin marcado CE. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios valora cada caso.

Regula una segunda compra y reparto de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las mascarillas se destinan al personal que trabaja en el transporte y la entrega de mercancías y productos. La orden fija cómo se adquieren, se entregan, se reciben y se financian.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.