Buscar en el BOE

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Modifica las condiciones del servicio de consulta telefónica de números de abonado (código 118). Cambia el umbral de precio para el acceso directo, fija un nuevo límite de duración de la llamada y elimina la progresión de llamada. También obliga a facturar por separado este servicio.

Crea el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional como órgano colegiado de colaboración público-privada, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. Regula su composición, sus órganos (Presidencia, Vicepresidencia, Pleno y Secretaría) y su funcionamiento.

Establece el contenido y los plazos de presentación de la declaración Intrastat, que recoge los intercambios de bienes entre España y otros países de la Unión Europea. También fija las condiciones y el procedimiento para presentarla por medios telemáticos.

Publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Crea un sistema nacional para prevenir, detectar, alertar, seguir y responder a la desinformación, y una Comisión Permanente que coordina a los organismos implicados.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Actualiza la lista de medicamentos esenciales de la Orden SND/276/2020 para la crisis del COVID-19. Añade nuevos medicamentos al anexo I, que deben ser objeto de seguimiento de su suministro.

Establece medidas organizativas y de información para los centros de servicios sociales residenciales (personas mayores, personas con discapacidad y similares), públicos o privados, durante la crisis del COVID-19. Los centros deben mantener su actividad y facilitar información sobre el centro, el personal y los residentes. Las comunidades autónomas pueden intervenir los centros.

Establece obligaciones para fabricantes y titulares de autorización de comercialización de una lista de medicamentos esenciales frente al COVID-19. Deben informar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y garantizar el abastecimiento a los centros sanitarios.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.

Fija la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses y aprueba los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. Deroga los modelos anteriores de 2015.