Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cuestiona por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Encarga al Ministro de Justicia coordinar en todo el Estado la actividad de los funcionarios de la Administración de Justicia durante el estado de alarma por el COVID-19. También coordina los servicios de los colegios profesionales, como el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.