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Declara oficialmente el 20 de diciembre de cada año como «Día del Justicia de Aragón». Añade esta fecha a la Ley que regula la institución y prevé actos conmemorativos organizados por las Cortes, el Gobierno de Aragón y el Justicia.

La ley regula en Aragón la protección civil y la gestión de emergencias. Ordena cómo se organizan las administraciones, los planes de prevención y respuesta, la formación y el voluntariado, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para adaptar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la Convención de la ONU de 2006. Cambia las normas sobre tutela, curatela, guarda de hecho y medidas de apoyo en los libros de Derecho de la Persona, Familia y Sucesiones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Regula la concesión directa de dos subvenciones a fundaciones del sector público aragonés para actividades de investigación. Una de ellas va a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis para investigar sobre dinosaurios y su entorno. Se enmarca en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.

Establece medidas para impulsar la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Regula el autoconsumo, las comunidades de energía, las líneas directas y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de la generación renovable y crea un fondo de solidaridad energética.

La ley regula el fomento de la cultura de paz en Aragón. Establece actuaciones en educación y formación, investigación, comunicación, ámbito local, cooperación internacional y protección social. También prevé informar a las Cortes de Aragón.

Disuelve las Cortes de Aragón y convoca elecciones autonómicas para el 28 de mayo de 2023. Fija el número de diputados por provincia, el calendario de campaña y la sesión constitutiva del nuevo parlamento.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Modifica la Ley Electoral de Aragón para adaptarla al nuevo Estatuto de Autonomía. Fija que cada provincia tenga al menos 14 diputados en las Cortes de Aragón y regula cómo se reparten los escaños restantes.

La ley regula la economía social en Aragón: define qué es, qué entidades la forman y cómo se organizan. Establece políticas de fomento, apoyo económico, formación y un Plan Aragonés de Impulso. Crea el Consejo Aragonés de la Economía Social.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Modifica la Ley 2/2009 que regula el Presidente y el Gobierno de Aragón. Añade reglas sobre cómo se elaboran las normas: consulta pública, participación, evaluación e informes de igualdad, y ordena la planificación normativa anual.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.