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Modifica varias normas sobre las intervenciones de los sectores de frutas y hortalizas, vitivinícola y apícola dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Refuerza la verificación de requisitos de las organizaciones de productores hortofrutícolas mediante la herramienta SOFYH y actualiza las reglas de retiradas de mercado y del sector vitivinícola.

Regula la concesión directa de subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones que se financian, las cuantías, el pago y la justificación, así como los incumplimientos y reintegros.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia agroalimentaria y pesquera. Fija los beneficiarios, las actuaciones financiables, las cuantías, el pago y la justificación de las ayudas.

Modifica la norma que regula el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Adapta estas reglas al Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 y fija un periodo transitorio para que las organizaciones ya reconocidas se adapten.

Regula cómo se reconocen las organizaciones de productores y sus asociaciones en determinados sectores ganaderos, y fija las condiciones para que puedan negociar contratos en nombre de sus miembros. También crea un registro nacional y regula el control y las sanciones.

Modifica las bases de dos líneas de subvenciones para entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico: una para fomentar su integración mediante fusiones y otra para apoyar inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. También fija el régimen de las subvenciones de convocatorias anteriores.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 532/2017, que regula las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Fija requisitos mínimos de número de miembros y valor de producción comercializable distintos para Canarias y Baleares, con umbrales más bajos en varias islas.

Modifica la Ley 17/2014 de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias para permitir el voto electrónico en las elecciones agrarias. Añade reglas sobre votación remota y presencial, garantías del sistema, convocatoria y verificación de resultados.

Regula la concesión directa de varias subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. Fija los beneficiarios, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago y la justificación, y las obligaciones de las entidades que reciben el dinero.

Adapta las condiciones y plazos de las subvenciones a proyectos de innovación agrícola de los grupos operativos de la AEI-Agri, para que los beneficiarios puedan modificar sus actuaciones y cronogramas por el estado de alarma del COVID-19.