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Modifica las condiciones del servicio de consulta telefónica de números de abonado (código 118). Cambia el umbral de precio para el acceso directo, fija un nuevo límite de duración de la llamada y elimina la progresión de llamada. También obliga a facturar por separado este servicio.

Regula el procedimiento para que los pasajeros de transporte aéreo reclamen ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sus derechos de compensación y asistencia por denegación de embarque, cancelación o gran retraso, y los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. La decisión es obligatoria para las compañías aéreas y puede ejecutarse ante el juzgado de lo mercantil.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.

Desarrolla el derecho al bono social eléctrico para trabajadores autónomos que cesaron su actividad o redujeron su facturación por el COVID-19. Fija plazos de subsanación y comunicación de las solicitudes y modifica el modelo de solicitud.

Establece condiciones para dispensar y administrar medicamentos en el Sistema Nacional de Salud durante la crisis sanitaria del COVID-19. Limita la dispensación hospitalaria a dos meses de tratamiento y permite excepcionalmente llevar medicamentos a pacientes no hospitalizados y a participantes en ensayos clínicos.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, Red Eléctrica de España no activará el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos. Este servicio permite pedir a grandes consumidores industriales que reduzcan su consumo eléctrico. La orden busca mantener el suministro eléctrico a esas industrias.