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Modifica el anexo IV del Real Decreto 532/2017, que regula las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Fija requisitos mínimos de número de miembros y valor de producción comercializable distintos para Canarias y Baleares, con umbrales más bajos en varias islas.

Regula el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir (eutanasia) en España. Establece los requisitos, el procedimiento médico y las garantías, y crea las Comisiones de Garantía y Evaluación. También modifica el Código Penal.

Declara servicio esencial la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por COVID-19. Garantiza el funcionamiento de los servicios de información, acogida y seguimiento telemático, y regula el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto 130/2019, que regula la base de datos nacional de subvenciones. Anula el precepto que obligaba a incorporar a esa base los datos de subvenciones suministrados por los órganos legislativos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto 926/2020, que declaró el estado de alarma por la COVID-19, contra partes de la Resolución del Congreso que autorizó su prórroga y contra partes del Real Decreto 956/2020, que prorrogó ese estado de alarma.

El Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2, desde las 00:00 del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 del 9 de mayo de 2021. También fija cambios en el decreto que lo regula y obligaciones de información al Congreso.

Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Modifica dos órdenes anteriores para ajustar las medidas de flexibilización de restricciones por el COVID-19 en las fases 2 y 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad. Concreta qué actividades y desplazamientos se permiten en cada fase.

Modifica varias órdenes para flexibilizar restricciones nacionales tras el estado de alarma por COVID-19 y fija qué unidades territoriales pasan a la fase 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

El Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma por el COVID-19 desde las 00:00 del 7 de junio hasta las 00:00 del 21 de junio de 2020, con las condiciones del Real Decreto 463/2020 y del plan de desescalada.

La Resolución regula cómo se retoma la formación presencial para el empleo que se había suspendido por el estado de alarma del COVID-19. Establece las condiciones para reanudar esa formación en empresas, centros de formación y programas públicos, de acuerdo con el Plan de transición a la nueva normalidad.

Prorroga el estado de alarma declarado por el COVID-19 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020. Fija el procedimiento para la desescalada y el marco de acuerdos con las comunidades autónomas, y mantiene la suspensión de plazos procesales y administrativos.

Permite aplicar con más flexibilidad algunas restricciones del estado de alarma por COVID-19 en pequeños municipios y entes locales de ámbito territorial inferior. Regula desplazamientos de menores, actividad física, higiene, mercados al aire libre, hostelería y servicios sociales en esos territorios.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Amplía de forma extraordinaria el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les entregó en 2019 para gestionar subvenciones del ámbito laboral. La ampliación se debe a la situación creada por el COVID-19.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.