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Modifica la Orden JUI/760/2025, que regula las subvenciones directas a entidades del tercer sector y otras entidades de la sociedad civil para trabajar con infancia, adolescencia y juventud en zonas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

Inicia el trámite para declarar «El uso del sistema de lectoescritura braille de las lenguas españolas» como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Abre un periodo de información pública de veinte días para presentar alegaciones y anota la incoación en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades de promoción del trabajo autónomo y para sufragar gastos de funcionamiento de asociaciones de trabajadores autónomos de ámbito estatal. Fija las entidades beneficiarias, las actividades y gastos subvencionables, los criterios de otorgamiento, las cuantías y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector y otras entidades de la sociedad civil para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes en zonas afectadas por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, el procedimiento de concesión, el pago y la justificación.

Esta orden deroga la norma de 1984 que regulaba el reconocimiento de interés sanitario para actos científicos. Ese procedimiento nacional queda suprimido porque las comunidades autónomas ya regulan esta materia y la acreditación de la formación continuada de los profesionales sanitarios.

Crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En él se inscriben los poderes que una persona otorga a otra para realizar trámites concretos ante este organismo. Establece cómo se otorgan, aceptan, inscriben, modifican, renuevan y revocan esos poderes.

Publica un convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra para conectar de forma automática sus registros de personas con prohibición de acceso al juego. Así, las inscripciones, cambios y cancelaciones de un registro se trasladan al otro.

Establece las bases para conceder subvenciones a actividades de promoción del trabajo autónomo y para cubrir gastos de funcionamiento de asociaciones de trabajadores autónomos de ámbito estatal. Regula quién puede solicitarlas, qué actividades y gastos se financian, cómo se conceden y justifican, y las obligaciones de las entidades beneficiarias.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades de promoción de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, y para sufragar gastos de funcionamiento de entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

Aprueba que los operadores con licencia de apuestas hípicas o deportivas se adhieran al Servicio de investigación global del mercado de apuestas. Los operadores deberán enviar información sobre apuestas irregulares o sospechosas y atender las peticiones de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Modifica las bases de las subvenciones a entidades de protección animal. Agrupa los gastos subvencionables en tres tipos: veterinarios, alimentación y traslado de animales, y mejora de instalaciones. Excluye expresamente los gastos de salarios del personal.

Convoca los Premios Estatales al Voluntariado de 2024 en cuatro modalidades: individual, entidad, programa de voluntariado e investigación sobre voluntariado. Las candidaturas se presentan con una solicitud y una memoria de méritos en un plazo de veinte días hábiles desde la publicación del extracto en el BOE.

Crea un Comité de personas expertas para estudiar cómo lograr un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. El Comité debe entregar al Gobierno, en un plazo de seis meses, un informe con buenas prácticas, riesgos y recomendaciones.