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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos que renaturalicen y restauren ecológicamente terrenos agrarios y forestales. La Fundación Biodiversidad gestiona estas ayudas, que buscan ecosistemas más ricos en biodiversidad y mejor adaptados al cambio climático.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a impulsar la infraestructura verde. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

La Junta Electoral Central fija cómo deben comunicarse las encuestas sobre intención de voto que hagan organismos públicos durante periodos electorales. Deben avisar a la Junta antes de empezar el trabajo de campo y poner los resultados a disposición de los partidos que se presentan.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

Publica el Protocolo de Alertas Espaciales aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. El protocolo fija cómo se difunde la información de seguridad espacial, qué departamentos intervienen y cómo se avisa y evalúa el riesgo ante reentradas de objetos espaciales en áreas de soberanía o jurisdicción españolas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto 130/2019, que regula la base de datos nacional de subvenciones. Anula el precepto que obligaba a incorporar a esa base los datos de subvenciones suministrados por los órganos legislativos.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar un plan de formación para empleados públicos de la Administración local. La subvención se financia con fondos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).