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La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos que desarrollen la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado en España, dentro del PERTE VEC y del Plan de Recuperación. Regula quién puede recibirlas, qué gastos se financian, cómo se solicitan y se controlan.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que pone en marcha el quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 15.500 millones de euros. El Ministerio avala préstamos de entidades financieras a pymes, autónomos, grandes empresas, sector turístico y compra de vehículos de transporte profesional.

Amplía el plazo de validez de los certificados de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que vencían durante el estado de alarma por el COVID-19. La prórroga suma 15 días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio del estado de alarma hasta el vencimiento. Para los vehículos agrícolas de labores de campo, la prórroga llega hasta el 10 de noviembre de 2020.

Permite sustituir temporalmente algunos documentos obligatorios para matricular o cambiar de titular un vehículo por una declaración responsable, cuando no se puedan presentar de forma telemática. El interesado se compromete a formalizar el trámite ante la Administración competente en el plazo de un mes desde el fin del estado de alarma.

Modifica la Orden INT/262/2020, que desarrolla el estado de alarma por el COVID-19 en materia de tráfico. Amplía la lista de vehículos que pueden circular pese a las restricciones, al no ser una relación cerrada, para asegurar el suministro y los servicios esenciales.

Desarrolla el Real Decreto del estado de alarma por el COVID-19 en materia de tráfico. Permite cerrar o restringir carreteras por salud pública o seguridad y suspende temporalmente las restricciones de circulación para el transporte de mercancías. También suspende campañas de control y amplía plazos de permisos y trámites de vehículos.

Modifica una orden anterior sobre transporte por carretera durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite que dos personas vayan en la cabina de los camiones cuando el tipo de transporte lo requiera y amplía la norma al transporte privado complementario.

Permite que en los transportes públicos de mercancías por carretera vayan dos personas en la cabina cuando el tipo de transporte lo requiera. También autoriza la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y de comercios de venta de piezas a talleres, sin atención al público general.