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Aprueba el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida. Regula cómo los médicos forenses examinan a las personas privadas de libertad, incluido el régimen de incomunicación, y deroga la Orden de 1997 que fijaba el protocolo anterior.

Modifica y amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Crea dos nuevas Fiscalías de Sala: una contra los delitos de odio y discriminación y otra en materia de derechos humanos y memoria democrática. También añade plazas para las nuevas unidades judiciales y para reducir el déficit de plazas.

Fija directrices para tramitar la opción a la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática. Detalla quiénes pueden solicitarla, qué documentos presentar y ante qué oficina del Registro Civil hacerlo. El plazo para formalizar la declaración es de dos años, prorrogable uno más.

Indulta a Raül Romeva i Rueda la pena de prisión que le quedaba por cumplir. La condena era de 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. El indulto se concede con la condición de no cometer delito grave en cuatro años.

Indulta a Jordi Turull i Negre de la pena de prisión que le quedaba por cumplir, con la condición de no cometer un delito grave en seis años. La condena era de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

La Instrucción aclara cómo se reanudan los plazos registrales tras levantarse la suspensión por el COVID-19. Recuerda que el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020 sigue vigente y que la prórroga de quince días de los plazos de calificación y despacho se aplica a los documentos con asiento de presentación vigente el 13 de marzo de 2020.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Aprueba modelos de solicitud para inscribir en el Registro de Bienes Muebles la suspensión temporal de obligaciones de préstamos o garantías hipotecarias de personas físicas en situación de vulnerabilidad económica por el COVID-19. Los modelos son de uso voluntario.

Aclara cómo afecta el fin de la suspensión de los plazos administrativos, desde el 1 de junio de 2020, a actuaciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Indica qué plazos se reanudan y cuáles siguen suspendidos.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.