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Deroga la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. La derogación incluye una disposición transitoria sobre los procedimientos en tramitación y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma del País Vasco para financiar obras en la Iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz, y convertirla en el Memorial de las Víctimas del 3 de marzo de 1976. Regula la entidad beneficiaria, los gastos financiables, la cuantía, el pago, la justificación y el control de la subvención.

Concede una subvención directa a la asociación Be Wild Be Proud para realizar la Ruta al Exilio, un proyecto educativo de educación no formal sobre la historia reciente de España dirigido a jóvenes. Regula las actuaciones, el pago, la justificación y el control del dinero público.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

Modifica la Ley Foral 33/2013 para fijar los usos permitidos del Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada, conocido como Monumento a los Caídos. Solo podrá dedicarse a dar a conocer las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura y a alertar sobre nuevas formas de fascismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Cantabria que derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Esta ley deroga la Ley de Cantabria 8/2021, de Memoria Histórica y Democrática. Regula además qué ocurre con las exhumaciones en curso y con la custodia del material documental, y fija cuándo entra en vigor.

Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para financiar la dignificación de los osarios y la exhumación e identificación de restos de víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista reclamados por sus familiares.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, presentado por más de cincuenta diputados. La admisión abre el proceso para que el tribunal examine si la ley se ajusta a la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, presentado por más de cincuenta diputados. El recurso queda registrado con el número 193-2023.

La ley regula el reconocimiento, la reparación y la dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista. Crea instrumentos para buscar e identificar a personas desaparecidas y ordena retirar símbolos contrarios a la memoria democrática.

La ley regula en La Rioja la recuperación de la memoria democrática: localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, censo de víctimas y personas desaparecidas, exhumaciones, lugares de la memoria, acceso a archivos y retirada de símbolos. También crea un Consejo Asesor y un régimen sancionador.

La ley regula en Cantabria la identificación y el censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, la exhumación de restos, la reparación y reconocimiento de las víctimas y la protección de documentos y lugares de memoria. También crea órganos de coordinación y un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para actividades de memoria democrática, en particular la indagación, localización e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión posterior. Fija la entidad beneficiaria, los gastos financiables, la cuantía, el procedimiento de concesión, el pago y la justificación.