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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 625/2023, que aprobaba la oferta de empleo público de 2023, y anula su anexo II. El motivo es que ese anexo no respeta los porcentajes de reparto de plazas entre acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una funcionaria y declara que se vulneró su derecho a la tutela judicial sin indefensión al excluir de la tasación de costas los honorarios de su abogado. El caso se refiere a un procedimiento en el que la intervención de letrado no era obligatoria.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de seis diputados del Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la mesa que permitieron votar por vía telemática a un diputado. La sentencia analiza si esos acuerdos vulneraron el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de un diputado del Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la mesa que permitieron el voto telemático de otro diputado. La sentencia aprecia vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. El motivo es que la norma de urgencia no justificó de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar un decreto-ley.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de un diputado que votó de forma telemática y luego quiso cambiar su voto a presencial en la convalidación de la reforma laboral de 2021. La sentencia analiza si se vulneró su derecho al ejercicio del cargo representativo.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de Juan Márquez Contreras contra las sentencias que le condenaron por prevaricación y malversación en el caso de los ERE de Andalucía. El tribunal considera que la valoración de las pruebas fue razonada y que no se vulneraron sus derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una asociación profesional contra la oferta de empleo público de 2023 y contra el acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió su recurso de reposición. Anula ese acuerdo del Consejo de Ministros y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados contra varios preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Declara que esos preceptos son conformes con la Constitución.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de 32 diputados del Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la mesa que permitieron votar telemáticamente a un diputado que eludía la justicia. Declara vulnerado el derecho de los representantes a ejercer sus funciones y el derecho de los ciudadanos a participar a través de ellos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Madrid 5/2022, que modifica la Ley 20/1998 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. La sentencia examina si esa ley autonómica invade competencias del Estado y vulnera la autonomía local al regular el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La sentencia declara constitucionales los preceptos impugnados relativos a la perspectiva de género, el acceso al empleo y la vivienda, la financiación de centros educativos y los ilícitos administrativos.