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Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias para controlar la pandemia de COVID-19. Fija medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según la situación epidemiológica.

Añade un artículo 29 bis a la Ley Foral del Defensor del Pueblo de Navarra. Regula cómo actúa el Defensor cuando una administración o su personal no colabora con sus investigaciones.

Modifica la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares para aclarar cómo se nombra a los titulares de los órganos directivos de los cabildos y qué condición tienen (cargo público). También deroga normas anteriores y fija cuándo entra en vigor.

Establece el modelo de organización y las reglas para planificar, gestionar y controlar en Canarias los fondos europeos de recuperación «Next Generation EU». Incluye medidas para agilizar trámites administrativos, de personal, presupuestarios, de contratación y de subvenciones vinculados a esos proyectos.

Modifica la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de Canarias para garantizar que el ente público Radiotelevisión Canaria y sus sociedades sigan gestionando la televisión autonómica y sus informativos. Establece un régimen temporal hasta que el Parlamento de Canarias apruebe el mandato marco.

Regula las fundaciones de Navarra: qué son, cómo se crean, cómo se gobiernan y gestionan su patrimonio, cómo se modifican, fusionan o extinguen, y cómo las controlan el Registro de Fundaciones y el Protectorado. También fija el régimen de las fundaciones públicas de la Administración Foral.

Modifica la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Navarra. Establece un plazo para poner en marcha un sistema integral de información.

Deroga total o parcialmente varios decretos-leyes forales de Navarra que aprobaron medidas extraordinarias frente a la COVID-19. Estas medidas se adoptaron en el verano de 2020 y dejan de estar vigentes.

Modifica la Ley 2/2009 que regula el Presidente y el Gobierno de Aragón. Añade reglas sobre cómo se elaboran las normas: consulta pública, participación, evaluación e informes de igualdad, y ordena la planificación normativa anual.

Regula la organización y el funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Establece las reglas de sus órganos, competencias, actuación administrativa, funcionamiento electrónico y relaciones con otras administraciones.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón y la Ley del Patrimonio de Aragón para regular a quién corresponden los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados. Atribuye estos bienes a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Concede un crédito extraordinario de 934.015 euros en 2021 para financiar obras en el Departamento de Cohesión Territorial de Navarra. El dinero se destina a la travesía de Monreal y a los caminos de Baztan, y se financia con cargo a una partida del canon de la autovía A-21.

Concede un suplemento de crédito de 2.794.504 euros en el presupuesto de 2021 de Navarra para ejecutar los fondos REACT UE asignados al Programa FEDER 2014-2020 y la asistencia técnica. El importe se reparte entre distintas partidas y se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

La ley regula la igualdad social y la no discriminación en Canarias por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Establece derechos y medidas en administración, sanidad, educación, empleo, familia, cultura, medios de comunicación y seguridad, y crea un régimen sancionador.

Crea la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que se suma a esa ayuda estatal, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Regula quién puede cobrar la prestación, su cuantía, duración, tramitación y reclamaciones, y ordena los programas de inclusión social en Aragón.

Esta ley foral incorpora a la Ley Foral 3/2021 los anexos del 1 al 5 que regulan la valoración de puestos de trabajo, la asignación de grupos y los complementos de puesto de la Policía Foral de Navarra. La norma entra en vigor con efectos de 1 de abril de 2021.

Establece medidas para agilizar los trámites administrativos y organizar la planificación, gestión y control de los fondos europeos Next Generation EU en Canarias. También fija medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para luchar contra la COVID-19.