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La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía como corporación de derecho público. Regula su ámbito territorial en Andalucía, quiénes pueden colegiarse, su relación con la Administración autonómica y el periodo para constituirse.

Regula la atención y ordenación farmacéutica en La Rioja: define los establecimientos y servicios farmacéuticos, fija derechos y obligaciones de la ciudadanía, y ordena oficinas de farmacia, botiquines, servicios hospitalarios y depósitos de medicamentos. También regula la distribución de medicamentos, la publicidad, los medicamentos veterinarios y el régimen sancionador.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

La ley cambia la adscripción comarcal y veguerial del municipio de Aiguafreda, que pasa a formar parte de la comarca de Osona. Regula también la división patrimonial, la situación de los empleados públicos y la adscripción sanitaria del municipio.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

Modifica la Ley 10/2017 de La Rioja para introducir medidas fiscales de apoyo al medio rural. La norma se centra en la actividad agraria y su entorno. Incluye una disposición que deroga otras normas y fija su entrada en vigor.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Modifica la Ley 5/2017 sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la Región de Murcia. Suprime prerrogativas reconocidas a determinados agentes sociales y actualiza la norma para ampliar el diálogo social.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2025, fijando los créditos iniciales de la Administración General, organismos autónomos y entidades públicas, y regulando su financiación. Incluye normas sobre modificaciones de crédito, gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública, avales y tributos.

Crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) y modifica la Ley General de Salud Pública. La agencia se encarga de la vigilancia en salud pública, la prevención de enfermedades y la protección de la salud de la población. También regula su personal, presupuesto y el tratamiento de datos.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a cambios recientes de la normativa tributaria estatal. Incorpora al Convenio el Impuesto Complementario y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y fija los puntos de conexión para repartir estos tributos entre ambas administraciones.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Modifica la Ley 4/2009 de publicidad institucional de Castilla y León para reforzar la utilidad pública, la transparencia y la lealtad institucional en las campañas de publicidad y comunicación de la Administración. Actualiza los principios y el régimen de estas campañas.

La ley fija los límites geográficos del asentamiento rural de Cofete, situado en el Parque Natural de Jandía, en Fuerteventura. Modifica el anexo de reclasificación de los espacios naturales de Canarias para recoger esa delimitación.

La ley regula las políticas de juventud en Cantabria: fija derechos de las personas jóvenes, reparte competencias entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos y ordena áreas como empleo, vivienda, educación, salud, ocio y participación. También crea el Plan Integral de Juventud y el Consejo de la Juventud de Cantabria.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para que los contratos de estancia turística en viviendas prohíban expresamente las fiestas y eventos que alteren la convivencia. Si se producen, la persona comercializadora debe exigir el abandono en un máximo de 24 horas. No incluir la prohibición en el contrato o no adoptar medidas se considera infracción grave.

La ley establece medidas urgentes para proteger a las personas y el medio natural en las Illes Balears en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral. También modifica varias normas autonómicas sobre cooperativas, actividad agraria y capacitación lingüística.